Diputados avalan Ley de desaparición forzada y avanza a publicación

La Ley General contra la Desaparición Forzada prevé un castigo de hasta 60 años de prisión para los servidores públicos que desaparezcan a una persona

La Ley General contra la Desaparición Forzada prevé un castigo de hasta 60 años de prisión para los servidores públicos que desaparezcan a una persona

La ley se avaló casi dos años después de su presentación y no tuvo modificaciones sobre la minuta del Senado, por lo que la turnaron al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Se crean el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En caso de que las víctimas sean niñas, niños y adolescentes; mujeres y mujeres embarazadas, personas discapacitadas o adultos mayores, defensores de derechos humanos y periodistas la pena podría aumentas hasta en 50 por ciento.

Se trata de la primera ley en México que busca erradicar este delito en el país, mediante la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda en el que participen familiares, federación y las 32 entidades para localizar a las personas desaparecidas desde el primer momento.

Por su parte, los particulares que cometan dicho delito alcanzarían una pena de entre 25 y 50 años de cárcel.

El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, el dictamen indica que el delito de desaparición forzada se perseguirá de oficio, y que el ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones serán imprescriptibles.

Esta Comisión contará con grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliase por expertos y cuerpos policiales especializados.

Órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo fundamental es el involucramiento de la sociedad civil de las víctimas en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema. "Se requerirá una fuerte voluntad política y la asignación de recursos suficientes para que la ley pueda concretarse como una realidad para las más de 33 mil personas actualmente desaparecidas en México", manifestó Raquel Aguilera de Amnistía Internacional México. "Esto es una condición básica para que la Ley opere de manera efectiva en favor de las miles de personas desaparecidas en el país y de sus familias, y prevenga la realización de la conducta delictiva", señaló.

La ley describe y emplea los protocolos necesarios, que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda, atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas y formas de los reportes, las denuncias de la desaparición, los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.

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