Marcha por Maldonado a los dos meses de su desparición

Carrió viajó a hacer campaña a Santa Fe en un helicóptero militar

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A dos meses de lo que la Justicia investiga como desaparición forzada por parte de la Gendarmería Nacional, los tandilenses volverán a decir presente, luego de la multitudinaria primer movilización. El magistrado se abocará en forma exclusiva a esta investigación durante 60 días.

"Me pareció un gesto muy humano", comentó Sergio, ya que consideraba que sus padres necesitaban ese gesto tan simple como es levantar el teléfono para conversar con ellos.

En más de una ocasión, Sergio ha señalado públicamente que no estaba de acuerdo con el ritmo de la investigación porque consideraba que todo se había hecho mal ya que no se analizaron bien las informaciones que fueron obteniendo desde el inicio. Entre estos organismos se cuentan Abuelas y Madres Línea Fundadora, APDH, APDH La Matanza, LADH, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

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Según contaron a Télam integrantes de la familia Maldonado, que actualmente se encuentran en Bariloche, el titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson habló por teléfono ayer con los padres y hermanos de Santiago para llevarles tranquilidad y pedirles tiempo para interiorizarse del expediente, que ya suma 2.600 fojas, 250 horas de audiencias grabadas y diversas contradicciones entre los más de 30 testigos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en la sureña provincia de Chubut, admitió así el planteo recusatorio presentado contra Otranto por la familia de Maldonado, que consideró que no era imparcial. "La desaparición forzada de Santiago nos involucra a todos", sentenció.

Así lo señaló Soraya Maicoño, vocera de la Pu Lof de Cushamen, quien afirmó que "están a la espera" de lo que haga Lleral, luego de que Otranto allanara "violentamente" la semana pasada territorios donde viven habitantes originarios. Los denunciantes advirtieron que entre los principales funcionarios del Gobierno hubo un "pacto de silencio", en busca de "deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación".

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