Tribunal conoce revisión de coerción de Díaz Rúa y Ángel Rondón — Odebrecht

Dejan en libertad a Díaz Rúa y Ángel Rondón; imponen garantía económica e impedimento de salida

Dejan en libertad a Díaz Rúa y Ángel Rondón; imponen garantía económica e impedimento de salida

El magistrado de la Instrucción Especial, Francisco Ortega sustento su decisión en que el Juez puede variar la medida según las circunstancias del proceso de investigación y que en el cumplimiento del rol del juez "conviene aclarar que la existencia o no de un caso definitivo o de una investigación con suficientes méritos para justificar un juicio de fondo no se determina, no se puede determinar lógica razonable y seriamente antes de la audiencia preliminar e fase intermedia o inicio de la investigación de juicio de fondo que es cuando un juez de la Instrucción examina las pruebas del Ministerio Público".

"De manera tal que no es correcto, a la luz de la lógica y la razón concluir, por ejemplo, que el Ministerio Público tiene un caso, o sea, una acusación o una condena garantizada, por el hecho de que los imputados estén en prisión preventiva, como tampoco lo es establecer lo contrario, o sea, que los imputados tienen un auto de no ha lugar o un descargo garantizado, por el hecho de estar sujetos a medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva...", dice Ortega.

"Tener presupuestos sobre todo, significa demostrarle al juez que los elementos que él tuvo para imponer una medida no subsisten y eso ellos no lo han logrado".

Ahora los representantes del Ministerio Público, Milciades Guzmán y Ángel Darío Tejada, rebaten los argumentos de la defensa de los imputados y piden al juez que mantenga la medida de coerción.

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, declaró inadmisible un recurso de revisión interpuesto por el imputado en los sobornos de Odebrecht, Roberto Rodríguez Hernández, para que le fuera reducido el monto de la medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$20 millones que le fue impuesta por su vinculación a este caso.

En tanto, al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Víctor Díaz Rúa, le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida, obligación de una presentación periódica el primer jueves de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El 6 de junio Ortega dictó un año de prisión preventiva para Rondón, 9 meses para Díaz Rúa, que cumplían en Najayo.

Mientras que los abogados de Ángel Rodón y Víctor Díaz Rúa calificaron la decisión de justa.

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