Rodrigo tenía un gran futuro como fiscal

Baclini reconoce

Baclini reconoce

Rodrigo está siendo investigado por ordenar intervenciones telefónicas a personas de su círculo íntimo.

El ministro de Salud, Miguel González, y el fiscal General del Ministerio Publico de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, firmaron este jueves un convenio que establece la creación de espacios específicos en el ex hospital Italiano de la ciudad de Santa Fe para la atención de personas que fueron víctimas de delitos contra su integridad sexual, en la ciudad de Santa Fe.

Ante el nuevo panorama, fuentes judiciales dijeron que la denuncia penal contra el fiscal avanzará por los carriles normales con el análisis de evidencias secuestradas en poder del ahora ex funcionario, quien podría afrontar cargos como un ciudadano común por abuso de autoridad, falsedad ideológica, interceptación indebida de teléfonos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público mientras ocupó ese cargo.

La suspensión del fiscal se conoce dos días después de que tres abogadas del fuero rosarino presentaran denuncias contra Rodrigo por las escuchas ilegales.

En el escrito se dejó constancia de que también fue intervenido el celular del padre de la ex pareja del renunciante fiscal.

En tal sentido, se mostró preocupado por el daño que pueda ocasionarle al ex fiscal el tratamiento de su caso en los medios, donde, apuntó, parecen haberlo condenado cuando la fiscal que lleva adelante la investigación, Natalia Benvenutto, ni siquiera sabe todavía qué cargos imputarle.

El fiscal espiaba a una mujer que trabaja en la Fiscalía y que había tenido una relación con Rodrigo.

Sobre la mecánica utilizada, las fuentes indicaron que Rodrigo "interponía" los números de los celulares que deseaba seguir a modo personal cuando enviaba a las compañías telefónicas listados de teléfonos que pedía legalmente intervenir en causas a su cargo. Y ahora finalmente suspendido por orden de Baclini.

El fiscal había sido apartado de todas las investigaciones que estaban a su cargo para "garantizar la transparencia", entre ellas una que trascendió esta semana con 17 allanamientos a locales que vendían autopartes ilegales.

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